La minera de la muerte; engaños, manipulación y opresión
La minera suiza Solway Investment Group ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala, afirma este domingo una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación, acusaciones que la firma rechazó.
Por: France 24
La investigación «Mining Secrets» -en la que participaron 65 periodistas de 15 países, entre ellos de El País de España, Le Monde de Francia y el local Prensa Comunitaria- indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, subsidiarias de Solway Investment Group que operan en el municipio de El Estor.
Dirigida por la organización Forbidden Stories, la pesquisa «revela las estrategias que Solway ha usado para ocultar, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente».
De acuerdo con el informe, uno de los casos fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.
El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Uno de los manifestantes, Carlos Maaz, murió a tiros tras un enfrentamiento con policías. Sin embargo, los documentos filtrados por hackers de Guatemala «desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores», destacó la publicación.
«Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal», alertó una comunicación interna de PRONICO, de acuerdo con la investigación.
El consorcio de medios también evidenció prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, relación con un juez y «pagos (de la empresa) a la policía para terminar con las protestas».
La última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando decenas de indígenas tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.
La Policía los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.
